Charla-Presentación:

“Decálogo Sanidad En Prisión”:

Frente A La Catástrofe Médico-Sanitaria En Las Cárceles Españolas.

SABADO 6 DE OCTUBRE, 19H

CGT (C/Pérez Oliva 2), Salamanca

La situación médico-sanitaria en las cárceles españolas no ha hecho más que empeorar y, especialmente, desde 2003, cuando fue promulgada la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un “modelo sanitario mixto”, en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros. Con eso, la “relación penitenciara de sujeción especial” iba a continuar interfiriendo en la relación terapéutica, pues la mayoría de esos “médicos”, además de mostrarse autoritarios, desconfiados y negligentes, defienden con repugnante corporativismo los intereses de la institución carcelera. Haciendo, por ejemplo, la vista gorda ante las torturas y malos tratos y falseando los partes de lesiones correspondientes.

De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”. Dicha “ley de cohesión y calidad” de 2003 fijaba un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde entonces, sólo Cataluña y el País Vasco han asumido esas competencias. El abandono por parte de las diferentes administraciones y la descoordinación entre ellas han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmacéuticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Solidarios de la Sanidad de Valladolid  lleva muchos años denunciando la situación catastrófica de la sanidad penitenciaria y la brutal e ilegal diferencia entre la atención médico-sanitaria que puede recibir una persona presa y la que está a alcance de la población en la calle, con todas las insuficiencias que pueda haber en ella. Por ello han elaborado un decálogo de mínimos sobre la situación de la sanidad penitenciaria .

Se presentaba una nueva campaña para pedir la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas ‒y esta vez incluía también un decálogo denunciando las principales vulneraciones que sufren las personas presas en términos de salud– con el objetivo de sensibilizar a las organizaciones que luchan por la defensa de la salud universal y otros colectivos que reclaman el respeto de los derechos humanos dentro de las cárceles. Aparte de medidas como poner fin a las sujeciones mecánicas o ofrecer formaciones especializadas al personal médico, el decálogo también incluye “el registro de forma precisa de todas las lesiones que se observan por parte del personal sanitario”, una de las demandas hechas desde del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos.

Hace más de veinte años que se denuncia la constante vulneración de los derechos sanitarios que sufren las personas presas –que también están reconocidos en los artículos 14 y 43 de la Constitución española– y que el servicio médico dentro de las cárceles del Estado español, que afecta actualmente a más de 50.000 personas, debería estar regulado por la misma administración sanitaria que presta este servicio a la ciudadanía que se encuentra en libertad., “no puede ser que las competencias sanitarias de ninguna persona dependan del Ministerio de Interior, que prioriza la vigilancia y la seguridad del Estado a la atención sanitaria de las personas “.

Existe una ruptura total en el seguimiento médico al entrar y salir de prisión por la falta de comunicación entre las dos instituciones: “Si el paciente ha recibido tratamiento fuera del centro penitenciario, cuando entre, el médico de la prisión desconocerá totalmente su tratamiento e historial médico, y lo mismo ocurre cuando es al revés. Tampoco se comparte la información entre los centros penitenciarios: “Esto deriva en que enfermedades e infecciones graves –como el VIH, la Hepatitis C o el cáncer– no se traten a tiempo y en que algunos presos acaben muriendo, o que un paciente pueda recibir diagnósticos y tratamientos diferentes dependiendo de dónde se encuentre. De hecho, la imposición de dispensar productos farmacológicos distintos de los del exterior –una práctica muy común en los centros penitenciarios–ha sido constantemente denunciada por diferentes organizaciones médicas y declarada ilegal por el Tribunal Supremo español.

Varias personas presas de diferentes cárceles del estado han comenzado el 1 de octubre del 2018 otra huelga de hambre colectiva. Tras la que comenzaron el uno de Mayo pasado, y en vista de no haber conseguido cambiar las pésimas condiciones en las que se encuentran, ni haber conseguido ninguna atención social, vuelven a poner en riesgo sus vidas en busca de que se cumpla el reglamento penitenciario, y así al menos hacer un poco menos crudo el día a día en la vulneración de derechos. Lo que intentamos es acabar  con el sistema penal español, el más duro de Europa, que se basa en medidas punitivas del castigo por venganza,  en vez de enfocarse en responder a los problemas sociales que originan el delito.