Una Cadena Perpetua Evidente: Enrique Del Valle González, 29 Años Preso Y Cumple En 2030

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Enrique Del Valle González, de 52 años, está preso en la cárcel de La Moraleja, en Dueñas (Palencia). Lleva encerrado, sin salir, desde el 6 de septiembre de 1990, casi 29 años, a los que hay que sumar los casi cuatro años que cumplió anteriormente, desde el 86, con apenas diez meses de estancia en la calle entre una etapa y la otra. Es decir, que ha pagado más de 32 años, de los cuales unos veinte los ha pasado en régimen cerrado, aislamiento y FIES. Cuando, hace unos dos años, publicamos algo sobre su situación, tenía señalada fecha de cumplimiento en 2045,  le quedaban al menos 28 años más de condena, hasta 55 que tenía que cumplir. La mayoría de penas que fue acumulando, que llegaron a sumar más de 80 años, le fueron impuestas por situaciones

dentro de prisión, casi todas durante la lucha contra el Régimen Especial de aislamiento, como el motín de Herrera de la Mancha, en julio de 1991, por el que le condenaron a 34 años y medio. El último delito por el que fue acusado y condenado a 13 años fue en 2002, hace ya quince años. El grupo de familiares y amigos que le apoya ha logrado que se le reduzca la pena a 39 años, pero su situación sigue siendo desesperada y hay que continuar luchando por su libertad. ¿No ha pagado ya bastante? ¿O lo que quieren es exterminarle? A continuación, un texto que nos ha enviado su hermano explicando todo eso. En el Tokata Y Fuga del 20 de mayo de 2017 que ponemos abajo del todo hay una entrevista con el hermano de Enrique explicando su situación de entonces, que ha mejorado algo, pero no lo suficiente.

¿CADENA PERPETUA O PENA DE MUERTE?

Entre multitud de casos del Estado Español en el que se dan las dos opciones del titulo de este articulo se encuentra el de Enrique del Valle González de 52 años de edad, natural de León y preso en la cárcel de Dueñas de Palencia que a día de hoy en febrero del 2019 va camino de 29 años ininterrumpidos de prisión, ya que su ingreso fue el 7 de septiembre de 1990.

La suma aritmética de todas las condenas por las que fue penado era de casi casi 80 años, casi todos por delitos en prisión, hasta que en el año 2002 cometió su último delito y su cambio fue radical, al no acumular ya mas penas de las que tenía.

Todas las supuestas acciones jurídicas contempladas en la Ley de este falso Estado de Derecho para que su condena se viese reducida y la libertad fuese una esperanza real dentro del tiempo vital de una persona nunca fueron aplicadas de oficio por parte de los Equipos Técnicos de las prisiones, Jueces de Vigilancia Penitenciaria, Tribunales Sentenciadores y un etc. de mercenarios de la LEY, que al contrario, no han hecho más que entorpecer e intentar que no consiga ver reducida su condena, como ha estado haciendo el Equipo de Dueñas.

Hemos tenido que ser la gente del exterior, su familia, personas solidarias y sensibles ante tales desmanes jurídicos y el mismo Enrique, que también se puso manos a la obra, ya que se había abandonado a la suerte incluso sabiendo que los contrarios no van a poner las cosas fáciles.

Después de multitud de recursos a diferentes Tribunales solicitando siempre lo establecido en la Ley, con lo enrevesado que es el caso al estar condenado en 15 causas diferentes y en diversos lugares de España, sobre todo prisiones, hemos conseguido reducir la pena a 45 años de condena, con descuentos también luchados en los Juzgados, como el abono de una prisión preventiva de 4 años, 2 meses y 15 días, y casi dos años de redención, con lo que queda una condena efectiva de más de 39 años, lo que a algunos les parece poco, como los juristas de las prisiones, que han intentado de que no sea así.

La fecha de fin de cumplimiento en hoja de cuentas del centro de Dueñas es el 4 de julio de 2030 y el de las tres cuartas partes de condena para abril de este mismo año 2019, uno de los requisitos principales para la libertad condicional, en este caso pura utopía.

Actualmente el camino jurídico a seguir cada vez se va estrechando más y es más dificultoso, ya que ahora, después de haber pasado por el Tribunal Supremo y habiéndose lavado las manos en varios recursos, donde ellos mismos tienen jurisprudencias que sí le hubiesen favorecido a Enrique, no ha quedado más remedio que dirigirse al Tribunal Constitucional, que yo le llamaría Tribunal Extraterrestre, porque todos los recursos que le hemos enviado del tipo, permisos denegados, prescripciones de penas acumulación de condena demasiado larga de 45 años, etc, o te lo resuelven en un folio inadmitiendo el recurso de amparo con el argumento de “no existir una carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional (…) requiere una argumentación específica y suficiente”, o inadmitido por presentado fuera de plazo, cuando estos recursos los han presentado abogados y procuradores de los del T.C. en este caso de oficio.

Habiéndoles facilitado todo: información, jurisprudencias, investigación de analogías parecidas donde sí se han visto beneficiados los presos, e incluso el Recurso de Amparo escrito y redactado, siendo su labor solo la representación y entregarlo en plazo.

Así mismo, el Colegio de Abogados de Madrid también los tumba, o las defensas nombradas de oficio, con contestaciones como “la no existencia de vulneración de derechos y libertades contempladas en la Constitución Española.

¿Que garantías de recursos efectivos tiene Enrique, y como él otros tantos y tantas, si están conchabados todos, Jueces, Fiscales, abogados, colegios y los todopoderosos equipos técnicos de las prisiones?

La línea jurídica que nos queda a seguir es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo farragoso que puede llegar a ser y la de años que puede tardar, máxime, con por lo menos tres recursos a enviar, junto con, cada vez que toque, solicitud de permisos de salida, en este caso a Dueñas, JVP de Palencia y Audiencia Provincial de Palencia y, como comenté anteriormente, pura utopía.

Así las cosas, en este mundo de hipócritas, de cínicos, de justicieros, de vengadores y lo peor de todo, de cagones, que anteponen su miedo a lo que pueda ocurrir y les pueda afectar a ellos, disfrazándolo de eufemismos y argumentos jurídicos, que muchas veces son invenciones y no LEY.

En definitiva en este tipo de casos el único fin de la pena privativa de libertad a la que están sometidos estos presos y presas es  que no salgan vivos de la cárcel.

¡LIBERTAD PARA ENRIQUE DEL VALLE!

¡NO A LA CADENA PERPETUA!

Trasladan a Ruyman Armas Santana, y seguimos con la campaña ¡OPERACIÓN YA!

El viernes por la tarde 30 de noviembre de 2018 la Dirección Penitenciaria trasladó al compañero preso Ruyman Armas Santana, después de la semana de lucha efectuada del 26 de noviembre al 2 de diciembre debido a su caso de desatencion sanitaria, a su lugar de origen (Canarias). Hay que comprerder que un viaje de esta magnitud para el compañero, teniendo en cuenta su grave estado de salud, es peligroso. Este tipo de traslados suponen varias escalas, en las cárceles de Madrid y Cádiz, sin que la familia conozca su paradero hasta el destino.

Parece que tras la presión de lucha su reivindicación de volver a su tierra ha sido atendida pero no la operación, el objetivo de la campaña. Por eso seguimos luchando con nuestro compañero y recordamos que tras un diagnóstico cuyo historial médico todavía no ha sido facitilitado, corre el riesgo de que una vena se rompa e inunde sus pulmones. La única solución es la operación para salvar su vida. Seguimos adelante con la marcha a la cárcel de la Moraleja el 15 de diciembre a las 12:00, para evitar ‘la condena a muerte’ de Ruyman y para apoyar la huelga de hambre del 10 al 25 de diciembre de los presos en lucha.

Para más información ver el hashtag:

#OtraCondenaAMuerte

 

APOYO A RUYMAN ARMAS SANTANA. CAMPAÑA DEL 26 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE

OTRA CONDENA A MUERTE.

Ruyman Armas Santana se encuentra preso en La Moraleja, la cárcel de Palencia.
Desde hace tiempo sus piernas están salpicadas de moratones y, tras un reconocimiento en la propia prisión, le dan cita con un especialista en cardiología a finales de Septiembre, en el hospital Río Carrión. Se le hace una endoscopia y el diagnóstico es que una vena o arteria (no se sabe a ciencia cierta porque no tiene el informe médico, ni esta terminología destaca precisamente por su claridad) está seriamente dañada y corre el riesgo de romperse.
Lo que se le quedó grabado a fuego fue que, si esto ocurría por la noche, había muchas posibilidades de que se le encharcaran los pulmones y muriera. Si tenía suerte y rompía de día podría salvarse, llegar con vida a Valladolid donde tendrían que intervenirle de urgencia; pues en Palencia no se hacen este tipo de operaciones. Desconocemos los plazos para que la operación se lleve a término, dada la gravedad del caso, pero si sabemos que de ocurrir en el exterior tendría su historia clínica, estaría informado, le harían seguimientos periódicos…
A Ruyman, de vuelta a la cárcel, el tratamiento que recibe consiste en tomarle la tensión y asignarle un ayudante que vela durante la noche mientras él duerme. Esto es todo.No es que dudemos de la profesionalidad del personal sanitario penitenciario (lo decimos, con sorna) es que los propios medicxs-carcelerxs reconocen ejercer bajo presión de la administración que les da de comer, ¿acaso podría ser de otra manera? Y así quebrantan constantemente el secreto médico, porque la visita se hace en presencia de la Guardia Civil o similar, imponen tratamientos forzosos, porque el fin último de la cárcel no es la reinserción sino el orden y este se consigue a base de tranquilizantes, o de repente retiran medicación prescrita por otros especialistas, no se sabe muy bien con que fin.

Reconocen, en definitiva, estar más preocupados por la seguridad y por cumplir las normas de la dirección que por atender adecuadamente a sus pacientes, a los que supuestamente se deben.
En este contexto de desatención médica reconocida y generalizada en el ámbito carcelario, no vamos a esperar a que Ruyman engrose las listas de muertes en prisión por causas naturales y exigimos que se dé una solución rápida y adecuada a su grave dolencia. Entendemos que solo la solidaridad “con determinación” puede cambiar su suerte.

Empezaremos con un envío masivo de faxes y llamadas telefónicas durante la semana del 26 de Noviembre al 2 de Diciembre a los siguientes números:

Subdirección General de Sanidad Penitenciaria: 
Tfno: 913354845 Fax: 913354992

Centro penitenciario 
La Moraleja: 
Tfno: 979716300 Fax:979716315

Hospital Río Carrión: 
Tfno: 979167000 Fax: 979167014

Texto para imprimir y difundir

EL CARRO#0: PUBLICACIÓN ANTICARCELARIA Y SOLIDARIA CON LOS PRESOS EN LUCHA.

Dando voz a los de dentro con su tabla reinvindicativa de los doce puntos a traves de sus escritos y sus cartas.
LA LUCHA DE LOS PRESOS CONTINUA CON LA HUELGA DE HAMBRE COLECTICA DEL 10 AL 25 DE DICIEMBRE.
Descargala, imprimela, difundela, con todos los medios que tengamos para dar voz a quienes les quitan la voz.
La encontraras en distintos puntos de distribución de Salamanca.

EL CARRO nº0 (a)-1

CHARLA-PRESENTACIÓN: “DECÁLOGO SANIDAD EN PRISIÓN”

Charla-Presentación:

“Decálogo Sanidad En Prisión”:

Frente A La Catástrofe Médico-Sanitaria En Las Cárceles Españolas.

SABADO 6 DE OCTUBRE, 19H

CGT (C/Pérez Oliva 2), Salamanca

La situación médico-sanitaria en las cárceles españolas no ha hecho más que empeorar y, especialmente, desde 2003, cuando fue promulgada la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un “modelo sanitario mixto”, en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros. Con eso, la “relación penitenciara de sujeción especial” iba a continuar interfiriendo en la relación terapéutica, pues la mayoría de esos “médicos”, además de mostrarse autoritarios, desconfiados y negligentes, defienden con repugnante corporativismo los intereses de la institución carcelera. Haciendo, por ejemplo, la vista gorda ante las torturas y malos tratos y falseando los partes de lesiones correspondientes.

De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”. Dicha “ley de cohesión y calidad” de 2003 fijaba un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde entonces, sólo Cataluña y el País Vasco han asumido esas competencias. El abandono por parte de las diferentes administraciones y la descoordinación entre ellas han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmacéuticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Solidarios de la Sanidad de Valladolid  lleva muchos años denunciando la situación catastrófica de la sanidad penitenciaria y la brutal e ilegal diferencia entre la atención médico-sanitaria que puede recibir una persona presa y la que está a alcance de la población en la calle, con todas las insuficiencias que pueda haber en ella. Por ello han elaborado un decálogo de mínimos sobre la situación de la sanidad penitenciaria .

Se presentaba una nueva campaña para pedir la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas ‒y esta vez incluía también un decálogo denunciando las principales vulneraciones que sufren las personas presas en términos de salud– con el objetivo de sensibilizar a las organizaciones que luchan por la defensa de la salud universal y otros colectivos que reclaman el respeto de los derechos humanos dentro de las cárceles. Aparte de medidas como poner fin a las sujeciones mecánicas o ofrecer formaciones especializadas al personal médico, el decálogo también incluye “el registro de forma precisa de todas las lesiones que se observan por parte del personal sanitario”, una de las demandas hechas desde del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos.

Hace más de veinte años que se denuncia la constante vulneración de los derechos sanitarios que sufren las personas presas –que también están reconocidos en los artículos 14 y 43 de la Constitución española– y que el servicio médico dentro de las cárceles del Estado español, que afecta actualmente a más de 50.000 personas, debería estar regulado por la misma administración sanitaria que presta este servicio a la ciudadanía que se encuentra en libertad., “no puede ser que las competencias sanitarias de ninguna persona dependan del Ministerio de Interior, que prioriza la vigilancia y la seguridad del Estado a la atención sanitaria de las personas “.

Existe una ruptura total en el seguimiento médico al entrar y salir de prisión por la falta de comunicación entre las dos instituciones: “Si el paciente ha recibido tratamiento fuera del centro penitenciario, cuando entre, el médico de la prisión desconocerá totalmente su tratamiento e historial médico, y lo mismo ocurre cuando es al revés. Tampoco se comparte la información entre los centros penitenciarios: “Esto deriva en que enfermedades e infecciones graves –como el VIH, la Hepatitis C o el cáncer– no se traten a tiempo y en que algunos presos acaben muriendo, o que un paciente pueda recibir diagnósticos y tratamientos diferentes dependiendo de dónde se encuentre. De hecho, la imposición de dispensar productos farmacológicos distintos de los del exterior –una práctica muy común en los centros penitenciarios–ha sido constantemente denunciada por diferentes organizaciones médicas y declarada ilegal por el Tribunal Supremo español.

Varias personas presas de diferentes cárceles del estado han comenzado el 1 de octubre del 2018 otra huelga de hambre colectiva. Tras la que comenzaron el uno de Mayo pasado, y en vista de no haber conseguido cambiar las pésimas condiciones en las que se encuentran, ni haber conseguido ninguna atención social, vuelven a poner en riesgo sus vidas en busca de que se cumpla el reglamento penitenciario, y así al menos hacer un poco menos crudo el día a día en la vulneración de derechos. Lo que intentamos es acabar  con el sistema penal español, el más duro de Europa, que se basa en medidas punitivas del castigo por venganza,  en vez de enfocarse en responder a los problemas sociales que originan el delito.

CHARLA PRESENTACIÓN: DECALOGO SANIDAD EN PRISIÓN.LOCAL DE CGT, SABADO 6 OCTUBRE 19HSalamanca.Dentro de la campaña de…

Gepostet von Marcha a Topas Salamanca am Dienstag, 2. Oktober 2018